© 2020, Guillermo Máximo Cao (coord.)

Asistente de Coordinación: Andrés Gurbanov

Corrección de textos: Mónica Costa

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

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Publicado bajo el sello Bärenhaus

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

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ISBN 978-987-4109-74-3

1º edición: marzo de 2020

1º edición digital:marzo de 2020

Conversión a formato digital: Libresque

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Sobre Guillermo Máximo Cao

Nació en 1958. Profesor de historia egresado de IES N°1 “Alicia Moreau de Justo”, es coordinador de “100 historias”. Fue profesor de los colegios y curso de ingreso de la UBA, Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires.

Además de innumerables libros de textos escolares, es autor de Almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina 1816-2016 (2016, Bärenhaus) y San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña (2017, Bärenhaus), este último declarado de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Es colaborador en diferentes medios de comunicación: TV, diarios y revistas. Recibió mención en el premio “Coca Cola en las Artes y las Ciencias 1989/90”. Expuso en Jornadas de Ciencias Sociales UBA, de Escuelas Medias Universitarias; profesorados Joaquín V. González, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Palacios; en el Museo Histórico Nacional y en la Biblioteca “Esteban Echeverría” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO II
EL PRIMER GOBIERNO PERONISTA (1946-1952)

Alberto Rossi

Perón en el poder

El 4 de junio de 1946 Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano juran como presidente y vicepresidente ante las dos cámaras del Congreso Nacional. La oposición dejó sus bancas vacías y no se presentó a la ceremonia. Sostenían que la elección estaba vaciada de legitimidad, ya que la Constitución Nacional no contemplaba la reelección de presidente y vice, y Perón había sido vice del gobierno anterior.

Esta escena anticipa el tipo de relaciones que enfrentarán al oficialismo y la oposición. El oficialismo enfrascado en la seguridad que le permite gobernar contando con amplias mayorías parlamentarias, no considerará que las opiniones de la oposición puedan aportar algo nuevo. Perón caracteriza a los dirigentes y representantes opositores como resabios políticos de una vieja Argentina, y refractarios a la modernidad social-económica que propone, cuestión que cree confirmar en la poca performance que obtuvieron en las elecciones. La oposición política, básicamente representada por la UCR, cree ver en Perón un representante de las políticas fascistas. Estas interpretaciones escalarán a alturas no dimensionadas desde un principio. El oficialismo intentará callar las voces disidentes asfixiando su libertad de expresión, y los políticos lo enfrentarán oponiéndose a la mayoría de sus propuestas, y muchos de ellos conspirando contra el gobierno. Estos desencuentros concluirán con el peronismo y a la dirigencia política opositora apoyando distintos bandos al momento del golpe de Estado de 1955.

La novedad política, sin antecedentes hasta el momento en la Argentina, estará dada por la cantidad de trabajadores de origen gremial que se integrarán a la Cámara de Diputados. De los 109 diputados que conformaban el bloque, 70 correspondían al Partido Laborista, casi todos de origen obrero.¹ Pero no sólo en diputados se encuentran trabajadores de origen gremial. En la conformación del Gabinete de Ministros, juran como ministros los sindicalistas Ángel Borlenghi del gremio de comercio por la Cartera del Interior y Atilio Bramuglia asesor legal del gremio ferroviario como canciller. En la Secretaría de Trabajo y Previsión José María Freire del gremio del vidrio.

Los pasillos del Congreso Nacional y los despachos ministeriales comienzan a ser transitados por trabajadores, ya sea porque ocupan cargos, por haberse transformado en asesores o por aquellos que se acercan a llevar proyectos e inquietudes, o bien son citados a colaborar.

Una vez en el poder Perón solicita que los partidos políticos que lo acompañaron a la elección se disuelvan para conformar un solo partido que diera cohesión a las distintas vertientes que apoyaban al gobierno. A finales de 1947 se conforma el Partido Justicialista, que se convertirá en el órgano político del partido de gobierno, siendo Perón su principal conductor y autor de la filosofía que lo sustenta. La unificación de las fuerzas políticas que respaldan al gobierno no sólo dará cohesión a la base que lo sustenta, sino que no permitirá que alguna de esas fuerzas pueda quitarle apoyo, o pretenda imponer sus principios.

Las primeras medidas políticas. El recambio de la Corte Suprema de Justicia

A las pocas semanas de haber asumido el nuevo gobierno, el oficialismo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de juicio político contra cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Este pedido se basaba en la actuación del Supremo Tribunal durante los años 1944 y, sobre todo, 1945, por fallos emitidos que declaraban anticonstitucionales algunas de las medidas emanadas de la Secretaría de Trabajo y Previsión, o por haber decidido no tomar juramento a los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La opinión generalizada del oficialismo era que la Corte Suprema se había convertido en el último refugio oligárquico, y desde allí se había transformado en un serio obstáculo para las acciones del gobierno, actuando más como una oposición a Perón,² que como el tribunal que era.

A cuatro de los cinco miembros se los acusaba de haber realizado las acordadas que reconocieron y legitimaron los golpes de Estado de 1930 y 1943. Sólo uno de ellos no había participado en las acciones que se les imputaban, el doctor Tomás D. Cáceres, ya que su ingreso ocurrió en el año 1944. La oposición no salía de su asombro, porque Perón fue el alma máter del golpe del 43.

El Senado comienza el juicio el 30 de octubre de 1946 y concluye el 30 de abril de 1947, luego de amplias y escandalosas sesiones entre el oficialismo y los defensores de los cortesanos.

Los cuatro miembros destituidos son Benito Nazar Anchorena; Francisco Ramos Mejía, Antonio Sagarna y Roberto Reppetto, quien ha pedido su retiro antes de la asunción del gobierno, pero igualmente es juzgado. Los dos primeros pertenecen a acomodadas familias latifundistas, los últimos son radicales que han llegado a ser magistrados 23 años antes.

La oposición calificará este hecho como semejante a una violación institucional, que demostraba que el régimen que había entrado en la Casa Rosada por medio del sufragio pretendía mostrarse como “capaz de tomar decisiones osadas”.³ La relación con los partidos políticos con representación parlamentaria justificará con esta medida, su posición acerca del poco carácter democrático del gobierno peronista, ahondando sus distancias y sus diferencias.

La Justicia Social

El gobierno peronista buscaba que la redistribución del ingreso llegara y asegurara las mejoras en las condiciones de vida de los sectores de la sociedad más desposeídos, que se encontraban fuera de cualquier asistencia del Estado.

El relevamiento de los datos sobre esta realidad reconocía varios orígenes, algunos provenientes del contacto directo, como las estadísticas que realizaba el Ejército al momento de recibir a los jóvenes que acudían al llamado del Servicio Militar Obligatorio, y otros a partir de la investigación sobre el estado de la población.

La convocatoria a la revisación médica de jóvenes de 20/21 años para realizar el Servicio Militar Obligatorio reflejaba las críticas situaciones de salud que impedía que un porcentaje alto de varones no estuvieran en condiciones de realizarla.⁴

Cuando Perón asumió el cargo en el Departamento de Trabajo y Previsión en 1943, se puso en contacto con José Figuerola, un estadístico catalán que trabajaba allí desde los años 30.

Figuerola le mostró a Perón sus trabajos acerca de la situación que atravesaba la población que vivía en estado calamitoso, sin ninguna atención por parte del Estado, tanto nacional como provincial.

Lo que más impresionó al coronel Perón —continúa Figuerola— en su visita al Departamento de Estadísticas, Información y Prensa, bajo mi dirección, fueron los diagramas del déficit alimentario de la familia obrera. (…), el endeudamiento constante por la insuficiencia del salario ante las necesidades mínimas de la familia trabajadora. El problema no había nacido con el encarecimiento de los artículos (…). El subconsumo o consumo inframínimo era un cáncer que minaba la existencia de cientos de miles de seres que labraban la riqueza de unos pocos. La deficiencia de los valores mineral y vitamínico alcanzaba déficits espantosos. Por ejemplo: en vez de 32.000 unidades internacionales de vitamina A, el valor de la alimentación de las familias consideradas era de 12.000 (...) Déficit de proteínas, déficit de grasas...⁵

La principal política aplicada por Perón desde 1943 tendiente a resolver parte de esta problemática partía del aumento de los salarios con el objeto de elevar el consumo y acelerar la producción. Con estas medidas los trabajadores mejoraban el acceso a la alimentación.

Pero esto no resolvía otras necesidades básicas, algunas estructurales, que no fueron objeto de prioridades por los gobernantes de la Restauración Conservadora, y que no se solucionaban en el mediano plazo con el sólo el acceso a bienes que permitían las mejoras salariales.

Ya en el Consejo Nacional de Posguerra, en 1944 una de las preocupaciones fue tomar conocimiento de la situación de los trabajadores, de sus condiciones de vida, de la seguridad social existente, y de su acceso a los bienes de consumo.⁶ Se utilizaron distintas herramientas existentes para acceder a las conclusiones.

Una de ellas fue el Censo Escolar del Analfabetismo y de la Vivienda realizado en 1943, efectuado en setenta ciudades del país.

Los resultados demostraron la situación de hacinamiento en que vivían las familias argentinas, “(…) proyectando los resultados a la totalidad del país se estimaba que más de 400.000 familias vivían en hogares en donde cuatro o más personas ocupaban una sola habitación (…)”.⁷

Estos datos duros acerca de la población argentina fueron los que respaldaron iniciativas tendientes a ampliar la presencia del Estado, buscando mejorar la situación social de toda la población. Era menester encontrar atajos que, junto con la distribución de la riqueza, aseguraran mejores índices de la calidad de vida de toda la sociedad.

Las políticas estatales aplicadas desde 1946 tendieron a asegurar un Estado de Bienestar en Argentina. Esta novedad incluía el desarrollo de acciones políticas en materia de legislación laboral, salud, educación, vivienda y previsión social.

Acompañaba a estas iniciativas la Fundación Eva Perón que existió entre 1947 y 1952, y estaba financiada por aportes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios. Atendía las necesidades más urgentes de la población, tanto en forma individual (a personas y familias), como a instituciones (hogares, hospitales, escuelas, centros de recreación, etc.).

En materia de legislación laboral, se convirtieron en ley todos aquellos derechos que fueron decretados en el gobierno de facto, y los salarios aumentaron sobre la inflación por acción de las Convenciones Colectivas de Trabajo. El subsidio a los alimentos y el congelamiento de alquileres mejoraron estos ingresos.

Para remediar los problemas de salud, en 1946 se creó la Secretaría de Salud Pública, y se puso a cargo del médico sanitarista Ramón Carrillo en la búsqueda que la población accediera a políticas de prevención, chequeos y tratamientos masivamente y en forma gratuita por primera vez en la historia argentina. En 1949 la Secretaría pasa a convertirse en el Ministerio de Salud.

El presupuesto en salud permitió aumentar el personal de hospitales, duplicar la cantidad de camas para internación mejorando la infraestructura vigente y creando nuevos centros hospitalarios en el Interior del país,⁸ realizar campañas de vacunación y monitorear el estado de la población.

Para esto último, y con el objeto de llegar a los confines del país, el Ministerio realizó en 1947 la “Primera Caravana de Salud”, consistente en setenta camiones que transportaron insumos e inauguraron servicios hospitalarios, acercando a la población el carácter simbólico, práctico y social de la nueva política de salud del gobierno peronista. También se realizaron exámenes médicos a los niños y jóvenes que se integraban a los campeonatos deportivos que financiaba la Fundación Eva Perón. Posteriormente se equipó un Tren Sanitario por la misma fundación, que realizó giras en el país tendientes a acercar la asistencia sanitaria a toda la población.

En política educativa nuevamente los datos alarmantes provenían del contacto de la FF.AA. con la población. Si bien a diferencia de salud y vivienda, el peronismo aparece como el primer actor estatal en desarrollar la función social de esas políticas, las educativas en el país provenían de vieja data, y permitían capitalizar experiencias anteriores, mejorar las existentes ya que partían de un piso establecido en materia de matrícula e infraestructura que, con el aumento de la población, las migraciones internas y las necesidades que planteaba el modelo industrial requerían un nuevo impulso.⁹

A partir de este diagnóstico, y en cumplimiento de objetivos estratégicos para las FF.AA., y sociales para el gobierno peronista, se elevó el presupuesto nacional en Educación con el objeto de lograr una mayor incorporación en el acceso educativo. Contando con mayores recursos, en marzo 1949 se crea el Ministerio de Educación de la Nación, separándolo de la esfera del Ministerio de Justicia, permitiendo a la burocracia estatal ministerial creada dedicarse a tiempo completo en el desarrollo de políticas tendientes a generar un mayor acceso a los establecimientos educativos a lo largo del período 1946-1955.¹⁰ Buena parte de los recursos del Ministerio estaban dedicados a la construcción de nuevos establecimientos educacionales de todos los niveles, en los distintos distritos del país.

Complementariamente a los logros en política de educación primaria, se observaron un mayor porcentaje de matriculados en las escuelas secundarias. Esta ampliación de estudiantes provenía de un mayor acceso por parte de los hijos de los asalariados, que bien podía representar la movilidad social ascendente que produjo el peronismo durante los años que gobernó. En el cuadro siguiente podemos apreciar el aumento de estudiantes inscriptos y la modalidad elegida, donde las Escuelas Secundarias Técnicas concentran una creciente preferencia.

Matrícula de Enzeñanza Media

Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Departamento Estadístico. Enseñanza Media Tomos I y II (Normal y Media)

1914-1963, Buenos Aires, 1964, pp. 58-59, 283.

Un factor a tener en cuenta al momento de analizar la educación en los años peronistas es la influencia de la Iglesia Católica que estará presente no sólo en los contenidos educativos, sino también en la elección de los funcionarios de educación, y en el mantenimiento de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.¹¹

La Universidad también estuvo sujeta a cambios y a nuevas interpretaciones acerca de su finalidad, siendo este el principal motivo de debate entre el gobierno, la oposición parlamentaria y la población universitaria.

En 1947 se debatió en el Congreso Nacional la ley 13.031 que ponía de manifiesto la necesidad de lograr que se realizaran investigaciones técnicas y científicas que se integrarían al sistema productivo industrial. La ley introducía la dedicación a tiempo completo de los docentes y sentaba las bases para el desarrollo de investigaciones,¹² también determinaba un nuevo rol e injerencia del Estado Nacional en las políticas universitarias.

Muchos profesores y estudiantes vieron en esta ley una pérdida de la autonomía lograda en 1918. La Universidad, en casi su totalidad fue opositora a Perón y se resistía a que el gobierno impulsara leyes sobre la finalidad de los objetivos universitarios. Esta nueva ley produjo un ensanchamiento en el enfrentamiento ya existente. La oposición parlamentaria, encabezada por la UCR, aseguraba que los objetivos de la ley eran totalitarios.¹³ La discusión parlamentaria girará acerca de que el Estado no puede intervenir en el diseño de la Universidad. Para los diputados oficialistas la Universidad estaba dirigida por miembros del sector privado, como médicos o abogados de multinacionales, colegios profesionales o terratenientes, y sostenía que esta injerencia no era objetada por docentes y estudiantes. Pero señalaban que cuando el Estado quiere debatir e intervenir se le reprocha que imponga una “cultura dirigida”, “pero mientras las influencias provengan del extranjero, o se definan por medio del mercado, en ese caso se trata de una cultura libre”¹⁴ sostenía el discurso oficialista en Diputados. La oposición señalaba que se trataba de “una revancha del oficialismo por haber actuado en defensa de los principios democráticos, de la Constitución y de la libertad como oposición”.¹⁵ Finalmente se votó afirmativamente y ese mismo año se promulgó la ley.

A partir de entonces el gobierno intervino en las designaciones por concurso, proponiendo autoridades y docentes. Muchos docentes opositores renunciaron y otros fueron dados de baja, reemplazándolos en distintos concursos, donde la oposición señalaba la filiación peronista, o la vinculación con la Iglesia de los nuevos catedráticos.

Otra propuesta muy criticada por la oposición fue el aumento del número de becas. Los opositores sostenían que las becas sólo favorecerían a los estudiantes de filiación peronista.

El 22 de noviembre de 1949, como corolario de la nueva ley vigente, el Poder Ejecutivo decreta (decreto N° 29.337) la eliminación de los aranceles, permitiendo el acceso de todos los sectores sociales a los estudios universitarios.

La Universidad seguirá siendo tema central para el peronismo, estará presente en la Constitución Nacional reformada en 1949, y también en 1953 se incorporará a los objetivos del Segundo Plan Quinquenal. En ambos casos el gobierno justificará estas medidas como búsqueda de lograr un encuentro entre la formación de los profesionales y los objetivos de desarrollo económico y social de la Nación.

La matrícula universitaria crecerá al ritmo de una tasa anual del 11,3% entre 1945 y el final del ciclo peronista en 1955, multiplicando por tres la cantidad de estudiantes que pasó de 47.387 a 138.628.¹⁶

El gobierno creará la Universidad Obrera Nacional en 1948 (hoy Universidad Tecnológica Nacional), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950 y el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), antecedente directo del CONICET. Estos dos últimos organismos estarán dedicados al desarrollo y la investigación científica aplicada a la producción, con el objeto de redundar en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la Argentina.

La necesidad de mejorar las condiciones habitacionales de la sociedad en su conjunto era una necesidad de vieja data. Los gobiernos anteriores nunca se habían abocado a buscar soluciones estructurales, sino a lo sumo crear barrios y viviendas, como los realizados en la etapa radical, básicamente ubicados en la Capital Federal.

Los instrumentos que puso en marcha el peronismo reconocían distintos orígenes. Por un lado, el congelamiento de alquileres que buscaba eliminar la especulación sobre el precio de las locaciones. Por otro lado, la entrega de préstamos para la construcción o compra de viviendas realizados por el Banco Hipotecario Nacional a tasas de interés subsidiadas y con plazos largos en la devolución de estos, cuyos fondos provenían del Banco Central direccionados a tal fin, los recursos financieros provenientes de la nacionalización de los depósitos bancarios. Y por último la puesta en marcha de un plan de construcción de nuevos barrios y viviendas en todo el país, a los que se accedía por medio de la inscripción y con el cumplimiento de requisitos básicos, que estaban centrados en las necesidades familiares, priorizando la de mayor cantidad de integrantes. “El resultado fue un incremento de la demanda crediticia y de la construcción de viviendas, pudiendo estimarse que durante el período sí: edificaron más de 300.000. La política de viviendas fue una de las realizaciones más significativas del gobierno peronista”.¹⁷

El peronismo, aun con la aplicación de estas políticas, no logró solucionar el déficit habitacional. También proliferaron asentamientos precarios llamados “villas de emergencia”, constituidos por migrantes e inmigrantes que se instalaban en las ciudades en busca de trabajo y mejoras en su calidad de vida. Estos barrios precarios tenían por antecedentes los creados en la década de los 30, como producto de las migraciones internas de los desocupados del área rural, que se dirigían a las ciudades puerto en busca de trabajo.

La Previsión Social, otro objetivo peronista, alcanzó a toda la población en la búsqueda de mejorar la situación de aquellos que por edad dejaban de trabajar, universalizando la jubilación. De 300.000 beneficiarios en 1944 se pasaron a 3.500.000 en 1949. En ese mismo año se puso en vigencia la ley 13.478 que creaba un fondo especial, con el objeto de entregar una pensión para aquellos mayores de 60 años que no poseían ingreso alguno, y no estaban amparados por la ley jubilatoria.¹⁸

La reforma constitucional de 1949

El 9 de julio de 1947, en la Casa Histórica de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue testigo de la Independencia Argentina, Perón declaró la Independencia Económica del país. El objeto era que esta declaración económica se sumara a la declaración política de 1816, que según Perón no pudo manifestarse en aquel momento, porque no existían las condiciones para hacerlo. Su discurso estaba en línea con los principios nacionalistas del primer gobierno peronista, y el acta firmada condensa los principios económicos que se ponen en marcha con el Primer Plan Quinquenal, la política distribucionista, y la Tercera Posición en materia de política internacional.

A tal fin los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo, y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen, puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden, juntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías.¹⁹

Los principios en materia económica y los nuevos derechos, que eran producto de la política social del gobierno, no se encontraban incluidos en la Constitución de 1853. De modo que se comienza a trabajar en una reforma constitucional que incluya la política económica y modernice los alcances del Estado y la Sociedad.

Luego de confiarle a José Figuerola la redacción de un borrador, Perón decide citar al doctor en Derecho Arturo E. Sampay para la redacción del proyecto. Sampay contaba con antecedentes sobre la materia ya que se dedicaba al estudio constitucional. Resaltaba este conocimiento la publicación un libro sobre la Reforma de la Constitución de Entre Ríos de 1933 (su provincia natal), titulado La Constitución de Entre Ríos ante la moderna ciencia constitucional,²⁰ donde se evidenciaba su postura crítica y reformista hacia el liberalismo.

La ley 13.133 sancionada el 27 de agosto, fue promulgada el 3 de septiembre de 1948, y fundamentaba la necesidad de la revisión de la Constitución Nacional. Entre el 13 y 14 de agosto fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado el 27 de agosto.

La oposición sostuvo que la ley no fue aprobada por los dos tercios de los votos, ya que la presencia de los integrantes de la cámara baja no fue total.

Igualmente, el oficialismo avanzó a la convocatoria de elección de Convencionales para cumplir el plazo de los 180 días para realizar la Convención Constituyente, “(…) en un número igual a diputados que se envía al Congreso y en igual proporción (art. 4), y con arreglo a las disposiciones electorales vigentes. (art. 5)”.²¹

El 24 de enero de 1949 comenzaron las sesiones de la Convención Constituyente. El proyecto de Sampay fue aprobado, no sin controversias por parte de la oposición, luego de trece encuentros. El nuevo texto Constitución Nacional no modificaba lo sustancial de la anterior Constitución, pero incluía artículos acordes a una modernización legal basada en los principios de la doctrina peronista. Entre otras podemos destacar que:

• El Preámbulo incluyó “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
• Los Derechos del trabajador; familia; ancianidad; niñez; educación, cultura y la función social de la propiedad, fueron compilados en el apartado Declaraciones, Derechos y Garantías. Sorpresivamente el derecho a huelga no fue incluido.
• Se incluía la igualdad legal y fáctica entre hombres y mujeres.
• Se propiciaba el rol estatista e intervencionista en materia económica y del Comercio Exterior, resaltando que la economía tenía como objeto el bienestar social.
• Se convirtieron en Bienes de la Nación las fuentes de energía y la prestación de servicios públicos (Art. 40).²² Este artículo será esgrimido por la oposición para oponerse a la explotación extranjera de petróleo, inversión propiciada por el propio Perón.
• Se incluyó la elección directa para presidente y vicepresidente y la reelección de ambos.

La reforma fue un éxito que capitalizó el gobierno, sobre todo en el año en que comienzan a sentirse los efectos de la crisis económica.

Todas las reformas sociales, que ya poseían sustento legal, se convirtieron en derechos constitucionales, impidiendo que fueran apeladas en instancias judiciales, como ocurrió en el pasado durante 1944/45/46 por la Corte Suprema de Justicia.

Además, se habilitaba la vía de la reelección presidencial sin límites de plazo, hecho inédito en la Argentina, que permitía proyectar al peronismo su estancia en el poder en un período que se podía calcular de mediano a largo plazo. Alentaba esta suposición la conquista por parte de las mujeres de los derechos políticos, entendiendo que su participación en las próximas elecciones presidenciales se tornaría decisiva en el apoyo electoral al oficialismo.

Los recientes estudios sobre esta están centrados en analizar la profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales que produjo esta reforma.²³

Las Fuerzas Armadas y el primer gobierno peronista

Una semana antes de la jura como presidente, Perón recuperó la condición de oficial en actividad, y juró con el uniforme de general de Brigada, cargo al que había sido ascendido por decisión del propio Ejército. Perón no sólo era el comandante de las FF.AA., sino también un oficial del Ejército en actividad. Esto produjo que el apoyo del Arma fuera en decisivo para lograr sus objetivos como gobernante, colocando a militares en áreas estratégicas del interés de las FF.AA., como energía, acero, petróleo y transportes.²⁴ El general (R) Juan Pistarini en la cartera de Obras Públicas, y el general Humberto Sosa Molina en el Ministerio de Guerra, el almirante Fidel Anadón en el Ministerio de Marina, y el brigadier Bartolomé de la Colina en la Secretaría de Aeronáutica, eran los únicos militares con rango ministerial.

En 1945 el 6% del PBI estaba destinado a gastos de defensa. Dentro de las FF.AA., el Ejército ocupaba el primer lugar en dimensiones, con 137.000 soldados en 1945, y por lo tanto recibía el 65% del presupuesto destinado a las tres armas, seguido por la Armada con el 26% en el segundo lugar en dimensiones y por último la recientemente creada Fuerza Aérea con el 9% de participación presupuestaria.

Pero durante el gobierno iniciado en 1946, la política hacia el Ejército lo favoreció incrementando la cantidad de oficiales, que en el caso de coroneles pasó de 214 a 299, y de generales que pasaron de 61 a 90. Para promocionar era determinante la lealtad política hacia el Presidente. Pese a esto, algunos oficiales no peronistas lograban llegar a los escalafones más altos. Un ejemplo es el general Eduardo Lonardi quien era comandante del estratégico Primer Cuerpo de Ejército con base en Rosario.

Para 1951 Perón preparaba su reelección y la oposición, que sufría ciertas limitaciones en su libertad de expresión impuestas por el oficialismo, comenzó a mostrarse reticente a que hubiera un segundo mandato peronista.

La crisis económica enfrentó al oficialismo con algunos sindicatos que comenzaron a hacer huelgas para reclamar sobre sus salarios, deteriorados como producto de la inflación.

En las FF.AA. no todos estaban de acuerdo con la reelección. Y menos con la propuesta de la CGT que solicitaba que Evita ocupara el cargo de vicepresidenta.

Esta situación se tradujo en el malestar de los cuadros opositores que el gobierno tenía en la Escuela Superior de Guerra, quienes comenzaron a conspirar y a buscar un oficial que pudiera encabezar un levantamiento.

Lonardi parecía el más apto, y fue convencido para aceptar la conducción del movimiento insurreccional.

Pero existía otro grupo que buscaba el mismo objetivo y que estaba encabezado por el general retirado Benjamín Menéndez, cuya ideología nacionalista proalemana los acercaba a políticos conservadores y a otros dirigentes que eran antiperonistas.

Los grupos se encontraron y sus líderes no pudieron ponerse de acuerdo para amalgamar sus posiciones.²⁵ Lonardi pidió el retiro de la Fuerza, y abandonó la conspiración. Menéndez, sin esperar mayores apoyos, previendo que el resto de las fuerzas se unirían a su levantamiento, el 28 de septiembre se sublevó. El gobierno, que tenía a los sospechosos bajo vigilancia porque intuía que se gestaba una acción, logró sofocar rápidamente el intento golpista.

Pero este intento socavó las relaciones de Perón con las FF.AA., ya que este no sólo quería juzgar a los culpables, sino a aquellos que no se percataron de la situación o no avisaron de ella.

Este nuevo escenario tenía el sabor de una purga, que se realizó en los altos mandos y en la Escuela Superior de Guerra por medio de cesantías y pases a retiro.²⁶

Luego de reelecto Perón, fue abortado un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por militares y civiles, que no llegó a materializarse. Las consecuencias nuevamente fueron cesantías y encarcelamiento de los políticos que habían conspirado, y el de los sospechosos de simpatías con los sediciosos. El clima político se enrarecía continuamente.

Perón evitaba que los militares se transformaran en el apoyo esencial de su gobierno, para no convertirse en rehén de presiones, planteos y/o extorciones, tal como había pasado en octubre de 1945, o le pasaría al futuro presidente Frondizi. Aun así, estos se opusieron con firmeza a la candidatura a vicepresidenta de Eva Perón para las elecciones de 1952. Perón buscaba relativizar el peso político que le brindaban las FF.AA. con la demostración de la relación directa que poseía con los trabajadores, quienes acudían multitudinariamente a festejar en la Plaza de Mayo los 17 de octubre y los 1º de mayo, para escuchar al líder que les dirigía la palabra desde los balcones de la Casa Rosada.

Las relaciones del gobierno con las FF.AA. después de 1951, estuvieron signados por la mutua desconfianza, poniendo punto final a la luna de miel que abarcó desde 1946 hasta 1951.

La relación con los empresarios industriales

La relación del gobierno con las asociaciones empresarias tenía como antecedente que estas se habían opuesto a las políticas sociales y a los derechos que Perón había decretado durante el gobierno militar.

Esto produjo que las entidades patronales brindaran su apoyo a la Unión Democrática en las elecciones de 1946.

Pero los apoyos dentro de la UIA estaban divididos entre aquellos que obtenían sus materias primas y recursos en el país, y aquellos que dependían de la buena disposición que tuviera la administración gobernante en la concesión, el acceso y otorgamiento de divisas, cupos importadores y aranceles para obtenerlas fuera de él, dejando entrever que el apoyo manifiesto al gobierno era necesario al momento de obtener la asignación. Ambos sectores se beneficiaban con medidas que ampliaban el mercado interno e imprimían el impulso industrialista que se había iniciado en la administración militar, y continuaba en los gobiernos peronistas.

Perón incorporó industriales en puestos claves de decisión económica como Miguel Miranda, Rolando Lagomarsino y Orlando Maroglio, empresarios de la hojalata, de la industria textil y aceitera, respectivamente, que encabezaron a un grupo de industriales que sumaron apoyos al gobierno, pero que perdieron en las elecciones por la conducción de la UIA en 1946. Estos mismos empresarios se separaron de la UIA fundando la Asociación Argentina para la Industria y el Comercio (AAPIC), con el objeto de brindar desde esta su apoyo al gobierno.

Con la excusa de que la UIA ya no representaba a todo el sector, fue intervenida en 1946 y disuelta en 1953.